Por Ana Reza, investigadora de Early Institute
Publicación original de El Sol de México
Los recientes fallos judiciales contra Meta y Google marcan un punto de quiebre: reconocen lo que durante años se ha intentado minimizar. El daño que generan las plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes no es accidental, ni atribuible a descuidos individuales o a la falta de supervisión familiar.
Es el resultado de decisiones deliberadas de diseño. Sistemas de recomendación, reproducción automática, notificaciones constantes y métricas de validación social no son funciones neutras: están diseñadas para capturar atención a cualquier costo, incluso explotando procesos cognitivos en desarrollo y favoreciendo patrones de uso compulsivo.
Las empresas lo saben. Cuentan con datos, estudios internos y capacidad técnica suficiente para anticipar la dependencia que generan, y aun así sostienen modelos que priorizan la permanencia sobre el bienestar. En ese contexto, la afirmación de Mark Zuckerberg —“creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”— no es una excusa: es una admisión.
Si los controles fallan de forma sistemática, no es porque los usuarios sean demasiado astutos, sino porque los mecanismos son insuficientes o deliberadamente laxos. Trasladar la responsabilidad a niñas, niños y adolescentes no solo es inaceptable, es una forma de eludirla.
Seguir apelando al “uso responsable” de las familias es, en este escenario, una salida cómoda. No se puede exigir autocontrol en entornos diseñados para romperlo, ni cargar la protección en quienes no tienen ni la información ni las herramientas para enfrentar sistemas altamente sofisticados. La asimetría no es menor: es la base del modelo.
Por eso, la discusión no puede seguir girando en torno a recomendaciones blandas. Se requieren obligaciones exigibles: verificación de edad efectiva, configuraciones de seguridad por defecto para menores, límites a funciones que incentivan el uso compulsivo, transparencia real sobre algoritmos y supervisión externa. Nada de esto es técnicamente inviable; lo que ha faltado es voluntad —y regulación— para imponerlo.
A estas alturas, seguir hablando de neutralidad resulta insostenible. El diseño tecnológico produce efectos, y cuando esos efectos dañan de forma sistemática a la infancia, la inacción regulatoria deja de ser omisión para convertirse en complicidad. La pregunta ya no es si las plataformas deben asumir responsabilidad, sino cuánto tiempo más se les dejará evadirla.
